Si algo ha sido una constante en la vida política del país, y por supuesto de Tlaxcala, es la falta de garantías de mejores condiciones de vida para los ciudadanos; ya que este sector que debiera ser el más importante para cualquier gobierno, sigue supeditado por ley, a las decisiones del gobierno en turno.
En este juego político, las denominadas reformas estructurales, no son la excepción, sino más bien, son el claro ejemplo de esa falta de garantías de beneficio para el pueblo; por lo que seguimos dependiendo de promesas sin fundamento por parte de quienes impulsan esas reformas.
Y si no, sólo hay que echar un vistazo al resultado del avance de las reformas en la agenda legislativa tanto a nivel federal como en los estados; y los cuales sólo han favorecido enormemente a la imagen a nivel internacional de los políticos, en el extranjero incluso grandes organismos y transnacionales que ya empiezan a ver a México como un edén, han ofrecido reconocimientos y aplausos al presidente Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos a lo largo y ancho de la República Mexicana, estamos en circunstancias desfavorables; continuamos con la misma falta de empleos; llegamos en este año al sótano en la economía con sólo el 1.8 por ciento de crecimiento económico.
Con una alza indiscriminada de precios en artículos de primera necesidad; con los más de cincuenta millones de pobres que no representan, sino un trofeo vergonzoso a una política perversa que nos presenta una cara bonita de tales reformas y de la política social del gobierno en los medios de comunicación, pero que en la realidad, la situación económica y de miseria de los mexicanos es lamentable en un país que cuenta con los recursos naturales, petroleros, y de infraestructura suficientes para un desarrollo digno, pero que no lo tenemos.
En este sentido, la reforma política-electoral viene a ser, no una aportación de solución a tales circunstancias, sino una estrategia vil para perpetuar el poder de gobiernos obsoletos y mañosos.
En Tlaxcala, la iniciativa enviada por el Ejecutivo estatal en torno a esta reforma, no es más que la exacerbación de la propuesta adjudicada al presidente de la República, donde el tema central sigue siendo la reelección de los gobernantes, y donde también se mantiene el atrevimiento de éstos para presumir temas como las candidaturas independientes como un gran logro, pero a éstas candidaturas no sólo no se les da financiamiento, sino que se les ponen múltiples candados y obstáculos, presumirlas es una falta de respeto.
La pregunta salta, ¿Para qué queremos gobernantes ineficientes que se vuelvan a reelegir, tres o seis o nueve, o más años en sus puestos?
Y es que el tema no es darles más tiempo al frente del gobierno; sino que hubiera garantías de que van a tener un desempeño honesto y honorable en sus cargos; pero en el 99 por ciento de estos gobernantes, si no es que en más, no cumplen sus promesas.
No hubiera sido mejor, primero, generar garantías de que cumplan con sus promesas, de que haya una transparencia real en el manejo de recursos, de que haya una garantía real de que el uso de los recursos es honesto; de que no siga existiendo un desvío indiscriminado de recursos del erario público, el cual además en la mayoría de los casos ni siquiera comprueban los gobiernos, y donde se da la complicidad entre el ejecutivo, el judicial y el legislativo para tal saqueo.
Para qué queremos que este tipo de gobiernos amañados se puedan además, reelegir. Es evidente que estas propuestas de reforma están al revés; ya que no hay garantía de beneficio para los ciudadanos, y menos hay garantía de que estos gobiernos se porten bien, sólo la facultad de que aunque no sean eficientes se puedan reelegir. Y las garantías cuándo.