- En plena efervescencia de la política, la oposición orticista rentabiliza los deslices gubernamentales
- Las declaraciones del mandatario intensificaron la presión que amenaza con hacer estallar el caldero de la política
- Los universitarios, obligados a defender la autonomía…, pero también a librarse de la opresiva atadura orticista
Lejos de amainar, está arreciando la tensión entre el actual gobernador y la corriente política que representa el orticismo. Los desencuentros se multiplican, en buena medida a causa de las invectivas que, a la gestión que encabezó Héctor Ortiz el sexenio anterior, lanza continuamente Mariano González… ¡a casi mil doscientos días de haber iniciado la suya! Ahora el aguijonazo vino por vía de la intrusión oficialista en un espacio que por ley corresponde en exclusiva a la universidad pública estatal: el diseño de sus programas y planes de educación.
Al acecho de equivocaciones
El orticismo aprovechó cumplidamente el resbalón -a saber si involuntario o deliberado- del Ejecutivo Estatal: lo exhibió en medios nacionales y lo obligó a rectificar. Lo peor vino con las declaraciones posteriores del mandatario, en las que siguió profiriendo críticas que, más que replicar a la UAT y a quienes indebidamente la mangonean, dejaron ver una vez más que a sus expresiones públicas las desborda su temperamento, al punto que es él quien le facilita el trabajo a sus adversarios políticos que -hay que decirlo- a estas alturas ya son legión.
Ni ilógico… ni tonto
El gobernador Mariano González Zarur aseveró que es “ilógico” y “tonto” pensar que con una palabra plasmada en la Ley de Educación del Estado de Tlaxcala podría vulnerarse la autonomía de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Pues no sé usted, amigo lector, pero yo me siento aludido. No creo que sea ni ilógico ni mucho menos tonto creer que la palabra concurrente sí supone una injerencia externa indebida en el ejercicio de una atribución que solo compete a la institución universitaria. Contextualizo para mejor entender el caso.
Contexto
La iniciativa que envío el titular del Ejecutivo al Congreso a fin de armonizar la normativa estatal con las disposiciones constitucionales en materia de educación, proponía -artículo 77- que “…los planes de educación superior […] serán determinados concurrentemente por la SEP, la autoridad educativa local y la Universidad Autónoma de Tlaxcala…”. De haberse aprobada en sus términos: ¿acaso no serían tres -y no una sola- las partes que intervendrían en la definición de los planes de estudios de la universidad pública tlaxcalteca?
Censura y control
El tema no es ni menor ni trivial. La frustrada argucia podría haberse usado como arma de censura y control, afectando un principio toral de la vida universitaria: la libertad de cátedra. El hecho de que se pudiera determinar desde una dependencia de gobierno los planes de estudio de una institución pública de nivel superior violentaría el precepto de la libre enseñanza. Y en ese supuesto, se justifica que quienes son directamente beneficiarios de la autonomía universitaria -estudiantes y docentes- se constituyeran en sus decididos defensores.
Asesoramiento equivocado
Advierto al lector que no estoy sugiriendo que el autor de la iniciativa tuviera ese avieso propósito. Tampoco pienso que lo creyeran quienes se inconformaron, arrollando en su airada protesta las más elementales formas de urbanidad que han de guardarse al interior del recinto parlamentario. Pero de lo que sí estoy por completo seguro es que la torpeza cometida por la asesoría jurídica del gobierno puso en manos de los quejosos una bandera que la juventud siempre seguirá apasionadamente: la defensa de la autonomía universitaria.
Exabrupto inoportuno
Por fortuna, el legislador corrigió la pifia… y el asunto pudo haber quedado ahí. Empero, luego vinieron declaraciones del mandatario estatal que atizaron el fuego. Vea usted esta joya: “…si quieren una verdadera autonomía… ¡¡¡que no reciban recursos del gobierno federal ni del gobierno del estado!!!…”. Esto, dicho por un universitario cuyo título de contador fue expedido por la Universidad Nacional Autónoma de México. De otro modo: el gobernador de Tlaxcala, sólo reconoce la autonomía … ¡si la UAT renuncia al subsidio que recibe!
Díaz Ordaz y el 68
Cito aquí un discurso de Javier Barros Sierra, en ocasión de que los jóvenes universitarios plantaran cara a Díaz Ordaz en 1968: “…autonomía es -afirmó el rector-, esencialmente, la libertad de enseñar, investigar y difundir la cultura. Esta autonomía no existiría si la Universidad no tuviera derecho a organizarse, a funcionar y a aplicar sus recursos económicos como le convenga, es decir, si no poseyera una autonomía administrativa y si no disfrutara de una autonomía legislativa, que es su capacidad para dictarse sus propios lineamientos..”.
El subsidio como instrumento de presión
Esas palabras se pronunciaron en un tenso contexto que presagiaba una amenaza inminente: que el gobierno atentara contra la UNAM, estrangulando su economía y obligándola a someterse a los dictados del poder político. La UAT, ha dicho y repetido el gobernador de Tlaxcala, “…ni es pública ni es autónoma...”. No sé si tal insistencia enmascare el propósito de presionar a la institución universitaria por medio de la asignación presupuestal que su gobierno -por convicción y por ley - debe entregarle para el cumplimiento de sus fines.
Las universidades autónomas, regímenes de excepción
Pero el gobernador se siguió de frente y enfatizó que “…no puedo tolerar un estado dentro de otro estado…”. Al respecto, vea usted lo que dijo Miguel León-Portilla al evocar el “…grande esfuerzo y tenacidad que desplegó el grupo de ilustres universitarios que en 1929 obtuvo el reconocimiento jurídico de la autonomía para nuestra Alma Mater, la UNAM. A no pocos parecía -señala el historiador- que concederla suponía ubicar a la Universidad en un régimen de excepción, por así decirlo; fuera de las leyes que regían al país...”.
El universitario, un status especial
León-Portilla cita, a su vez, a Alfonso Caso, rector que era de la UNAM cuando en 1945 se aprobó su Ley Orgánica. Al referirse a la autoridad del rector, decía que “…era como una especie de jefe de un hipotético estado, sin policía ni ejército ni capacidad para allegarse por sí un presupuesto, pero en el cual todos los ciudadanos gozaban de fuero…”. Y aunque no puede sustraerse del orden jurídico nacional, el status legal de las universidades públicas -intolerable para MGZ- en cierto modo sí equivale al de… un estado dentro de otro estado.
Autonomía: atribución reconocida por el Estado
Al presentar Alfonso Caso el proyecto de la Ley Orgánica al Consejo Universitario, fincó su exposición en un concepto que -setenta años después- hay quienes todavía se resisten a aceptarlo. Caso se refería a la autonomía y la definía como “…la potestad que, dentro de un Estado, tienen municipios, provincias, regiones u otras entidades -v.gr. las universidades autonómas- para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios…”. Esa potestad “…la reconoce el Estado en cuyo seno existe y no es arbitraria, caótica ni anárquica…”.
La UAT, una universidad sojuzgada
Creo que no son pocos los ciudadanos que comparten con el gobernador el coraje mal contenido que siente al aproximarse a cualquier asunto -el de la UAT, por ejemplo- en que están presentes los hermanos Ortiz. El cacicazgo que han ejercido durante décadas en las estructuras universitarias es irritante, sobre todo por la forma en que se valen de los estudiantes, y por los privilegios que entre unos pocos se reparten. Pero el uso político que hacen de la institución no justifica estar en perpetuo conflicto con ella, porque la perjudicada es Tlaxcala.
El yugo orticista
La UAT es, y debe seguir siendo, autónoma; el gobierno no tiene derecho a poner en tela de juicio esa condición que, en cualquier circunstancia, ha de ser intocable. Lo que a la UAT ahora le toca es luchar con igual celo por recobrar su perdida independencia, porque -como todos sabemos- su vida interna está condicionada a la conveniencia política del grupo que la hegemoniza. Empero, la reconquista de su libertad depende sólo de los estudiantes y los docentes universitarios; de nadie más. Son ellos los que, llegada la hora, sabrán rebelarse al humillante sojuzgamiento al que están sometidos hace años.
ANTENA LOCAL
¿Apizaco insolvente?
¿Quién asesora al alcalde Jorge Luis Vázquez, que le permite hacer declaraciones tan apartadas de la legalidad y el derecho? Porque desconocer compromisos contraidos por la administración que le precedió coloca a la suya al margen de la ley. Quizá no se da cuenta, pero incumplir las obligaciones contraidas por el municipio que preside lo convierte en inelegible para suscribir cualquier tipo de crédito o contrato. El impago sólo se justifica en caso de insolvencia o quiebra y, hasta donde se sabe, ese no es el caso de Apizaco. ¿O sí?
LA FRASE
Es de José Antonio Álvarez Lima. La frase la entresaqué del más reciente de sus artículos, en los que semana a semana sienta cátedra de talento y conocimientos. Confieso haberme tomado la licencia de sintetizarla, procurando en todo momento dejar intacto su profundo sentido filosófico.
“…don Equilibrio y su esquiva hermana doña Armonía… [suelen ser]… avasallados por doña Exageración y doña Descalificación…”
Sabia reflexión aplicable a cualquier actividad humana, pero sobre todo a aquellos que se dicen políticos de profesión.
Nota: Tiempos de Democracia dejará de publicarse el lunes 14 de abril. Felices Pascuas