La autonomía que diversos organismos han conseguido a lo largo de muchos años en todo el territorio mexicano, se puede traducir en grandes avances democráticos logrados, en gran parte, gracias a que se han descentralizado del poder gubernamental (con sus reservas). Sin embargo, es innegable que aún existe una dependencia malsana de los nombrados organismos “autónomos” con el gobierno, ante lo cual, destaco dos aspectos importantes en las entidades federativas: el primero, la legítima injerencia del Congreso del Estado en la selección de los titulares de dichos entes, hecho que abre la puerta al control de estos organismos por parte de los partidos o del Poder Ejecutivo, al elegir para dirigirlos a personas afines a sus intereses. Por otra parte, existe la dependencia económica que se da en primera instancia, con la facultad que la ley otorga al Ejecutivo para decidir el monto que cada año desee integrar al Proyecto de Presupuesto de Egresos, documento que presenta ante el Congreso para su votación, y aquí nuevamente los diputados en el Congreso son quienes votan la propuesta hecha por el gobernador en turno, sobre el recurso que habrá de destinarse a cada organismo “autónomo”, o quizá decidan hacer algunas modificaciones al mismo –claro-, previas negociaciones a las que los ciudadanos común y corrientes -por obvias razones-, no tenemos acceso, para otorgar o quitar recursos a determinados sectores u organismos de acuerdo también a determinados intereses.
Para el caso del estado de Tlaxcala, la política paternalista y autoritaria al estilo de la vieja usanza empleada por el actual gobierno que encabeza Mariano González Zarur, ha dejado ver claramente el anterior fenómeno, donde los organismos “autónomos” en su mayoría, han sido presionados al negarles la posibilidad de obtener mayores recursos para el buen desarrollo de sus actividades. Ello se pudo constatar, tras darse a conocer recientemente, por el Secretario de Finanzas del gobierno del estado, a través de una escueta síntesis, algunos datos del contenido del Proyecto del Presupuesto de Egresos para el 2014, donde los organismos “autónomos”, entre los que se encuentran: El Instituto Electoral de Tlaxcala (IET); La Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT); La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH); La Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala (CAIPTLAX); así como el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, apenas tendrán un aumento indigno de recursos de entre el 1 por ciento en algunos casos, y que no llegará ni al 2 por ciento, en otros.
El hecho anterior, es evidente, ya que los organismos “autónomos” debidamente ejercidos vienen a funcionar como un posible contrapeso ante los excesos del gobierno, aspecto que ningún gobierno paternalista y autoritario toleraría. En este contexto, sobresale la pasividad que en lo que va del presente sexenio, han tenido organismos como: la CEDH, la CAIPTLAX, el IET y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en aspectos que pudieran involucrar de manera negativa al Gobierno del Estado, manteniéndose estos organismos prácticamente sumisos al Poder Ejecutivo, y poniendo en entredicho su autonomía; pero con todo y eso, el gobierno estatal los mantiene a raya, con la negativa de darles los recursos suficientes para un mejor desempeño. Aunque habría que considerar esta parte, pues si se van a mantener sumisos al gobierno, sería mejor aplicar esos recursos en incentivar el desarrollo en el estado, o para fortalecer el apoyo a los sectores con mayor atraso, en tanto, no se reivindique la labor de dichos organismos.
Ante esto, es necesario que, tanto el Congreso -incluyendo a todas las bancadas que lo conforman, y no sólo a los escasos diputados que se oponen a los excesos del gobierno-, como los organismos autónomos, tomen conciencia sobre las afectaciones que conlleva una mala decisión sobre la distribución de recursos, en el caso de los diputados, y sobre las consecuencias de la inoperancia y pasividad por parte de los organismos autónomos que va contra la autonomía misma. Hoy por hoy, la autonomía de varios de estos organismos ha sido degradada y padecen una autocensura sistemática que los hace inútiles. Por ello, tanto el Congreso como dichos entes, están obligados a dejar de simular y a cumplir con la ciudadanía, de lo contrario, sólo seguirán siendo comparsas del juego malicioso que privilegia y ejerce el poder por el poder mismo, práctica empleada por gobiernos vetustos.