Toda ley, sea cual sea el tiempo en el que se elabore y se ponga en práctica, será siempre perfectible, sujeta a constante evolución y desarrollo; la dinámica social siempre rebasa las realidades legislativas y esto nos lleva a una permanente revisión y adecuación de las normas a dicha realidad.
En el caso singular de la equidad de género, eso es mucho muy notorio, porque es relativamente corto el tiempo, históricamente hablando, en el que la mujer se ha encaminado con esfuerzo, trabajo y lucha sostenida, hacia un estado jurídico que le haga posible tener acceso a una mayor participación en la toma de decisiones, no sólo en la vida pública, sino incluso en el nivel de las relaciones personales afectivas, con la misma importancia con la que los hombres lo han hecho.
No puede negarse que el avance en nuestras leyes, empezando por la Constitución, ha generado situaciones tendientes a alcanzar un equilibrio de vida de las mujeres frente a los hombres, en todos los aspectos, sin que esto haya podido lograrse plenamente.
No obstante los esfuerzos que se realizan desde el nivel gubernamental, en este tiempo sigue habiendo demasiada resistencia cultural en muchas y muy diversas áreas de nuestras vidas, en todos los sectores sociales, que impiden que derechos humanos fundamentales se traduzcan en realidades para el género femenino: la discriminación, la falta de respeto a la dignidad de las mujeres, la desigualdad en las oportunidades de empleo, el acceso a los cuidados de salud que requieren las mujeres por su condición femenina, el acoso sexual y muchas más situaciones negativas; tienen todavía una lastimosa presencia cotidiana dentro de nuestra sociedad.
En el Senado de la República se están experimentando esfuerzos sin precedente para que la equidad de género avance, con un sentido que no solo busca traducir en una reforma precisa un criterio jurisdiccional, sino que orienta a que verdaderamente se cumplan los mandatos constitucionales, en materia de participación política de la mujer y su acceso a puestos de elección popular; para efectos de que se alcance un sano equilibrio entre hombres y mujeres, en la ocupación de cargos públicos de elección popular.
En este tema de la equidad de genero, se impulsa entre las legisladoras de la Cámara Alta, que los cambios al orden jurídico respectivo consideren:
- una mayor y mejor participación de las mujeres en el régimen político de nuestro país, a través de su participación en el Congreso Federal y en los Congresos Locales;
- que México cumpla con los tratados internacionales en los que ha participado relacionados con la no discriminación, los derechos políticos y los derechos humanos fundamentales de las mujeres y;
- que las mujeres, que ya somos más del 50 por ciento de la población total de este país, participemos junto con los hombres, de manera inaplazable, conveniente y justa, en la toma de decisiones que requiere México.
La mujeres, no queremos privilegios gratuitos y excesivos, sólo por ser mujeres; no queremos confrontar con los hombres, lo que queremos es ayudar a construir un mejor país; queremos alejarnos cada día más de la segregación, la marginación, la pobreza y la discriminación, que tanto daño ha ocasionado a nuestra nación.
- Lorena Cuéllar Cisneros
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