... es de la mayor trascendencia para el desarrollo macroeconómico y social de México, sobre todo por cuanto respecta a la producción, consumo, distribución y transformación de productos, bienes y servicios relacionados con el denominado sector primario de la economía.
Como se sabe, el párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos incluye al social -junto con el público y el privado- como un sector de la macroeconomía nacional.
No está de más señalar que, en México, dicho sector está constituido por: propietarios ejidales y comunales de la tierra, cooperativas, sociedades solidarias, mutualidades, cajas de ahorro y crédito, bancos, microindustria y actividad artesanal, entre otros organismos. Es decir, nos referimos a millones de mexicanos que aportan sustancialmente al producto interno bruto, a la generación de empleos y al bienestar solidario entre seres humanos.
A pesar de su importancia por el número de personas que ocupa, por su aportación económica, por la generación de empleos, por la cantidad y la calidad de sus productos, bienes y servicios, por su potencialidad estratégica; por el resguardo del patrimonio histórico, cultural y social, este sector de la economía ha sido minimizado en las políticas que impulsa el Estado a través de la administración pública en sus tres órdenes de gobierno, de modo tal que sus integrantes además de que dilapidan sus potencialidades, viven en condiciones materiales y sociales precarias, sino es que angustiante.
Es verdad que recientemente fue aprobada la Ley de la Economía Social y Solidaria, en la que se crea el Instituto Nacional de la Economía Social, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, a pesar de que hubo quienes propusieron que fuera descentralizado. Además existe la obligación de crear el Programa de Fomento a la Economía Social que incluirá el financiamiento a los organismos del sector.
A pesar de ello, llama la atención que en el Plan Nacional de Desarrollo la referencia a la economía social sea mínima, por no decir que insignificante, cuando era de esperarse que, por fin, tuviera el peso que merece.
A reserva de que en otra ocasión tengamos la oportunidad de reflexionar y debatir más a fondo el tema, por lo pronto he puesto a consideración en la Primera Mesa Analítica, Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2014 en el marco de los objetivos de la Cruzada Nacional Contra el Hambre convocada por la Comisión Nacional de Desarrollo Social en la SEDESOL la posibilidad de que dicha comisión se pronuncie a favor de crear dentro de la Secretaría de Economía, la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL, si es que en verdad estamos convencidos de que se trata de un sector estratégico de la macroeconomía nacional y no solo una aislada parcela que se siembre y coseche a través de un Instituto –emparentado con el Fondo Nacional de Empresas de Solidaridad, FONAES, por más necesario e indispensable que sea.
En este sentido, muchos países del mundo han predicado exitosamente con el ejemplo, dándole a la economía social este nivel en la Administración Pública Federal, de manera que no vemos en el horizonte ningún argumento sólido que justifique su negativa en el caso de México.
Así mismo exhorto a todos a que hagamos lo que ha cada quien corresponda para que sea aprobada la iniciativa con proyecto de decreto presentada el 9 de noviembre de 2010 y que reforma la Ley de Propiedad Industrial, para que sean considerados los conceptos de certificación bajo la Indicación Geográfica o Denominación de Origen y las Marcas Colectivas que garantizan la patrimonialización y la propiedad intelectual de las mercancías, bienes y servicios endógenos colectivos que albergan en su seno los significantes de la historia, la cultura y la sociedad mexicana, que preservan, fomentan y desarrollan los agentes del sector social de la economía nacional.
Finalmente, también considero necesario que a futuro analicemos la necesidad de revisar a fondo, desde la perspectiva de la economía social y solidaria, la orientación y el contenido de normas como la Ley General de Sociedades Cooperativas, Ley de Sociedades de Solidaridad Social, Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, entre otras.
En resumen, con estas acciones se fortalecen el marco jurídico, las instituciones y las políticas públicas que permitirán al denominado sector primario no solo producir y distribuir –entre otras cosas- más alimentos de alta calidad nutritiva y más baratos para sí y los demás, sino también procesar industrial y artesanalmente los productos naturales para crear mayores empleos con mejores ingresos que los alejaría de las condiciones de pobreza, siempre desde una lógica de redes sociales colectivas y solidarias entre sí y con el consumidor.
